Tarija, 22 de mayo de 2024 (Ahora el Pueblo).- El bloqueo a los créditos en la ALP, la especulación por falta de dólares y combustibles, lo que genera alta demanda de estos productos, crisis económica, movilización con bloqueos y derogación de decretos son los cinco frentes con los que los opositores evistas, de CC y Creemos atacan al gobierno de Luis Arce.
Esta acción es calificada como un “golpe blando” o “encubierto” para acortar el mandato del presidente Luis Arce, alertó ayer Adalberto Ticona, exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
El exdirigente hizo un análisis de las resoluciones del ampliado que convocó Evo Morales en Cochabamba, donde se amenazó con iniciar de nuevo movilizaciones en el país en caso de que el dirigente cocalero quede inhabilitado para las próximas elecciones presidenciales y, también, se prohibió a senadores y diputados aprobar los créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Sabíamos que ese ampliado solo tenía afanes políticos de una persona, pero lo grave es que han amenazado a la institucionalidad del Órgano Electoral porque ellos quieren obligar a que se acepte como candidato a Evo Morales, luego al Legislativo, por prohibir la aprobación de créditos que son importantes para el pueblo”, cuestionó.
Según el dirigente, en el ampliado también detallan puntos económicos de sectores que hoy están movilizados, como una “estrategia del evismo” para generar un “golpe blando” o “encubierto” cuyo único fin es acortar el mandato del presidente Luis Arce.
“¿Por qué ellos no han empezado una movilización desde el Chapare, un bloqueo como sucedió con los 16 días de bloqueo? No lo hacen porque seguramente van a utilizar a otros sectores movilizados para dar un golpe”, remarcó.
Morales busca por quinta vez su repostulación luego de que gobernó el país desde 2006 hasta 2019, aunque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sentenció que la reelección no es un derecho humano, por lo que la “prorroga” no existe en Bolivia.
En esa intención, según Ticona, ataca desde diferentes frentes, uno es lo económico, la especulación de dólares, de carburantes y otros.
SINTONÍA
En esa misma sintonía están Carlos Mesa, representante de Comunidad Ciudadana (CC), y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, de Creemos. En reiteradas oportunidades, el jefe de la bancada del MAS-IPSP, Jerges Mercado, cuestionó la alianza que se concretó en el Senado a través de Andrónico Rodríguez para “bloquear créditos” en la Asamblea, que es el otro flanco con el que se ataca al Gobierno y que fue develado en el ampliado de Evo en Cochabamba.
El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Rodolfo Mancilla, recordó que hace poco los líderes de la extrema derecha se reunieron en Estados Unidos. “Seguramente fue para concretar un complot contra el Gobierno porque están en la misma línea”, dijo.
DECRETOS
El otro frente de ataque es la abrogación de decretos. Ante la desinformación promovida por Mesa, Camacho y Morales, quienes acusan al Gobierno de pretender afectar la propiedad privada, el mandatario anuló el Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales.
Sin embargo, la alianza opositora continúa exigiendo la abrogación del DS 4732, que protege a la población de engaños y estafas de parte de algunas inmobiliarias, vigente desde 2022. El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, ve que estos ataques se deben a la época preelectoral.
Para la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, una de las causas para la disminución de dólares en el mercado nacional se debe la orden de Evo Morales a los diputados y senadores, a quienes prohibió aprobar créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Con esta orden que dio Evo Morales, el presidente Luis Arce no va a poder canalizar ningún proyecto de ley desde la Asamblea Legislativa y con esto le están coartando su derecho a la gestión pública”, consideró la autoridad.
En un ampliado que se desarrolló el fin de semana en Cochabamba, Morales determinó prohibir a titulares y suplentes de la Asamblea a seguir endeudando el país con créditos.
Para la alcaldesa esta orden ha sido “tácita” y clara. “Les ordena a parar los créditos hasta que no se apruebe la ley de los prorrogados y esto realmente es un chantaje, una extorsión no solo al Presidente, sino a la población, que se ve perjudicada con la disminución de dólares”, dijo.