Tarija, 13 de mayo de 2024 (Ahora el Pueblo). – Un total de 115 pruebas documentales y 48 testificales preparó el Ministerio Público para su presentación en el juicio oral por el denominado caso Gases Lacrimógenos de Ecuador.
El proceso penal comenzó el lunes en el Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz para el juzgamiento de tres ministros de Jeanine Añez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga; además del excomandante de la Fuerzas Armadas Sergio O. C., el excomandante de la Policía, Rodolfo M. T., y cinco personas más.
Todos ellos enfrentan cargos por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.
Sin embargo, la continuidad del proceso penal fue postergada hasta el 28 de mayo, porque la ausencia de Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga y otros dos acusados provocó que sean declarados en rebeldía y deben asignarse abogados de oficio para cada uno.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, recordó que “el caso data de 2019 y está relacionado con la internación al país de agentes antidisturbios en calidad de préstamo desde la República de Ecuador al país en la gestión 2019”.
La autoridad aseveró que el Ministerio Público tiene lista la exposición de la acusación formal y la presentación de las pruebas colectadas para pedir una pena máxima de 30 años de cárcel para los investigados.
Pruebas
Entre las pruebas colectadas están el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, en el que viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, así como una solicitud de devolución de los gases lacrimógenos.
El fiscal anticorrupción Bladimir Bolívar mencionó que todos los elementos de convicción hacen presumir la participación de los acusados en los hechos investigados.
De acuerdo con la investigación del caso, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre los exministros Murillo, López, Lizárraga, entre otros, se tomó contacto con la Policía de la República de Ecuador y se acordó que ese país facilitaría armamentos que fue internados de manera irregular a Bolivia.
Inmediatamente partió de Bolivia un avión hacia territorio ecuatoriano para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.
El 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación que desembocó en la denominada masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, con un saldo de 11 civiles muertos y al menos 78 heridos.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
El 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado y se develó el “préstamo” irregular. Posteriormente se activaron las pesquisas.
