Tarija, 10 de abril de 2024 (En Línea). – El Ejecutivo ha destacado la importancia del Proyecto de Ley 035, enfocado en el incremento de la Pensión Solidaria de Vejez, resaltando su impacto positivo tanto en el ámbito económico como social. Según el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, esta iniciativa busca mejorar las condiciones económicas de las familias de jubilados y preservar la salud de los trabajadores de 65 años en adelante. Sin embargo, ha expresado preocupación por las medidas de presión adoptadas por ciertos sectores en contra de esta propuesta.
La Comisión Nacional de Salud (Conasa) ha iniciado un paro de 72 horas en rechazo al proyecto de ley, argumentando que promueve la jubilación forzosa a los 65 años. El proyecto propone modificaciones en los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y en el financiamiento para el Fondo Solidario, con el objetivo de garantizar una vejez digna para aquellos con aportes relativamente bajos.
Se ha señalado que existe desinformación y malinterpretación por parte de algunos líderes del sector salud respecto a una disposición adicional del proyecto, que implica la realización de un examen médico para evaluar la continuidad laboral de los trabajadores mayores de 65 años. Apaza ha aclarado que este examen no limitará el derecho al trabajo ni a recibir una pensión de vejez, tal como lo garantiza la Constitución.
Según el proyecto, se espera beneficiar al 70% de los jubilados con el Sistema Integral de Pensiones y a nuevos jubilados con salarios bajos, ofreciendo un incremento en la Pensión Solidaria. Se ha realizado un estudio actuarial para respaldar la sostenibilidad del Fondo Solidario y mejorar la calidad de vida de los jubilados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha recomendado evaluar la decisión de jubilarse o seguir trabajando a los 65 años, subrayando la importancia de los exámenes médicos para esta evaluación. El proyecto contempla la realización de estos exámenes por parte del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), con el fin de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores mayores.
Ante el rechazo al proyecto de ley, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, ha instado a gestionar dicho rechazo ante la Asamblea Legislativa, donde se encuentra en proceso de tratamiento. Se cuestiona el uso del paro de salud como medio de presión y se busca encontrar soluciones que beneficien a los sectores involucrados, incluyendo a los jubilados, quienes se ven afectados por la falta de atención médica debido a estas medidas de presión.
