En una rueda de prensa cargada de tensión, dirigentes afines al expresidente Evo Morales lanzaron una advertencia contundente al gobierno del presidente Luis Arce: se avecina una posible convulsión social que podría derrocar al actual mandatario. Las palabras de Ponciano Santos, líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), resonaron con fuerza, dejando en el ambiente un aura de incertidumbre y preocupación.
“Santos reveló que Morales convocará a esta movilización para impedir el supuesto plan de proscribir al Movimiento Al Socialismo (MAS)”, una declaración que pone de manifiesto las tensiones políticas que actualmente atraviesa Bolivia. La reciente decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de rechazar el registro de la directiva electa del MAS, derivada del fallido congreso de Lauca Ñ en octubre de 2023, ha exacerbado las divisiones en el país.
Las amenazas de bloqueos y movilizaciones a partir de mayo no pasaron desapercibidas. La referencia histórica al exilio de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 resonó fuertemente, sugiriendo un paralelismo preocupante en la mente de aquellos que ven peligrar su poder. “¡Tanto desfalco en los ministerios y tanta plata que se está prestando y está robando!”, acusó Santos, elevando la tensión retórica al máximo.
La pregunta de un periodista sobre la posible renuncia del Presidente a partir de mayo recibió una respuesta igualmente contundente: “¡Qué más podemos esperar si no cumple!”. Las demandas de respeto a la Constitución y la resolución de los problemas estructurales del país marcaron el tono desafiante de la intervención.
En este clima de tensión política, Bolivia se encuentra al borde de un precipicio. Las amenazas de convulsión social y derrocamiento gubernamental plantean un desafío formidable para la administración de Arce. El país espera con ansias ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses, consciente de que el futuro político de Bolivia pende de un hilo.
